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· Ambas instituciones defienden firmemente ante los tribunales la legalidad y sostenibilidad de la pesca y exportación de especies reguladas.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) han tomado acción inmediata para revertir una
medida judicial que, de forma abrupta y sin consulta técnica previa, amenaza el sustento de miles de familias del sector pesquero nacional.
El pasado 18 de septiembre, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, mediante resolución provisionalísima dictada por el juez Castillo Aguilar, ordenó la suspensión inmediata de la exportación de seis especies de tiburón: tiburón zorro, tiburón zorro pelágico, tiburón zorro del Atlántico, tiburón zorro ojón, tiburón sedoso y tiburón gris de arrecife.
Ante esta situación, el MAG e INCOPESCA se movilizaron de inmediato, presentando hoy una contundente respuesta ante el tribunal, en la que refutan de forma técnica, científica y jurídica los argumentos del demandante y exigen la revisión urgente de la medida, por su grave impacto económico y social.
“No podíamos quedarnos de brazos cruzados ante una decisión que paraliza la vida de miles de personas. Nuestra prioridad es proteger el bienestar de las comunidades costeras, garantizar sus derechos y defender un modelo de pesca responsable, legal y sostenible”, afirmó Víctor Carvajal Porras, ministro de Agricultura y Ganadería.
La medida judicial, aplicada sin un análisis técnico de fondo, ha generado ya consecuencias alarmantes: más de 8 mil personas afectadas directa e indirectamente, barcos paralizados en altamar, producto retenido sin posibilidad de descarga, y familias sin ingresos ni alternativas inmediatas.
Por su parte, INCOPESCA aportó pruebas verificables que confirman el cumplimiento riguroso de las regulaciones nacionales e internacionales, incluyendo la Convención CITES, que no prohíbe la exportación de estas especies, sino que establece mecanismos de control que Costa Rica ha venido aplicando de forma responsable.
“Hemos entregado al tribunal una defensa sólida, basada en evidencia científica y normativa vigente. Esta medida, aunque provisional, pone en riesgo el sustento de miles de familias que dependen de una actividad regulada y legal. Estamos confiados en que los jueces sabrán ponderar los impactos humanos y económicos, y reconocer la solidez de nuestras regulaciones pesqueras”, señaló Nelson Peña, presidente ejecutivo de INCOPESCA.
Tanto el MAG como INCOPESCA subrayan que esta situación no solo representa una amenaza para el bienestar de comunidades históricamente vinculadas al mar, sino que también envía un mensaje equivocado sobre el compromiso del país con la justicia social y el desarrollo sostenible.
No se protege el océano castigando a quienes viven de él. La conservación debe construirse con las comunidades costeras, no en su contra. Costa Rica ha demostrado que una pesca legal, responsable y sostenible es posible, y esa es la ruta que seguiremos defendiendo: con evidencia, con compromiso y con la ley en la mano.
